La crisis del empleo industrial llega a Diputados: avances legislativos y respuestas pendientes
Pamela Orellana


La pérdida de puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires volvió a ocupar el centro de la agenda legislativa. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados bonaerense, presidida por Soledad Alonso, de Fuerza Patria, aprobó una serie de proyectos de declaración vinculados con despidos en empresas y organismos públicos, mientras dejó pendiente la discusión de una ley para declarar la emergencia económica, productiva y laboral de la industria del calzado.
La reunión se realizó este martes 13 de octubre, con un temario de 26 expedientes que incluyó nueve proyectos de ley y 17 iniciativas de declaración. Los legisladores abordaron conflictos laborales en distintas actividades y avanzaron en propuestas relacionadas con empleo registrado, inclusión y condiciones de trabajo, en medio del deterioro que atraviesa el entramado productivo bonaerense.
La discusión coincide con nuevos datos de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA): entre junio de 2023 y junio de 2026 desaparecieron 1.374 establecimientos industriales con personal declarado y se perdieron 45.115 puestos registrados. El relevamiento muestra una contracción que alcanza a la mayoría de las ramas manufactureras y que tiene entre sus sectores más afectados al calzado, el textil y las actividades vinculadas con el metal.
Los despidos que llegaron a la Comisión de Trabajo
Durante el encuentro, la comisión dio curso a proyectos presentados por diputados de Fuerza Patria, la izquierda, Nuevos Aires y la UCR que expresan preocupación o rechazo por cesantías registradas en distintos establecimientos y dependencias estatales.
Entre los expedientes tratados figuran dos iniciativas del diputado Christian Castillo, del Frente de Izquierda, relacionadas con el despido de 22 trabajadores de Lustramax y 85 empleados del Hospital Posadas, entre enfermeros, técnicos y personal administrativo. También se abordó una presentación de Alonso por los despidos en la planta de Air Liquide, ubicada en Campana, donde se denunciaron alrededor de 20 desvinculaciones.
La agenda incorporó además proyectos vinculados con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Uno de Castillo expresa preocupación por la posible desvinculación de 400 investigadores posdoctorales, mientras que otra iniciativa, presentada por la radical Priscila Minnaard, cuestiona la pérdida de puestos de trabajo en el organismo científico.

Alonso advirtió que los despidos se repiten en cada reunión y cuestionó las consecuencias de las políticas laborales del Gobierno nacional. Según afirmó, solamente en Campana se perdieron alrededor de 2.300 empleos desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, entre trabajadores de la industria, la construcción, el comercio, la educación privada y la gastronomía.
La legisladora también manifestó preocupación por las consecuencias de la reforma laboral nacional, particularmente por la situación de trabajadores contratados como monotributistas y las desvinculaciones durante los períodos de prueba.
En ese marco, cuestionó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y sostuvo que las modificaciones impulsadas por Nación profundizaron la desprotección de los trabajadores. Su planteo se sumó a las iniciativas que advierten sobre el avance del empleo precario y la reducción de puestos registrados.

Otro expediente incluido fue el del diputado Fabián Luayza, de Nuevos Aires, que expresa preocupación por el deterioro de los indicadores laborales, especialmente entre los trabajadores industriales del Área Metropolitana de Buenos Aires y la población joven.
La comisión también alcanzó consensos para avanzar con iniciativas de otra naturaleza. Entre ellas aparecen una propuesta de Alonso para promover el empleo formal privado de personas trans y travestis, otra de Ricardo Lissalde para instituir el Día del Piloto de Helicóptero Argentino y un proyecto de Luayza que establece una semana provincial de concientización sobre el síndrome de desgaste profesional o burnout.
Además, continuó el debate sobre modificaciones al régimen de licencias del empleo público, con propuestas vinculadas al cuidado de familiares en situación de alto riesgo de suicidio y a tratamientos de reproducción médicamente asistida.
La caída industrial que empuja el debate legislativo
Las cifras que acompañan la discusión muestran la profundidad de la contracción manufacturera. Según la UIPBA, Buenos Aires concentró el 45,2% de los empleos industriales perdidos en todo el país durante los últimos tres años, además del 34,7% de la reducción de establecimientos.
A junio de 2026 quedaban 20.329 unidades productivas industriales con personal declarado y 480.821 trabajadores registrados, los valores más bajos de la serie analizada. El informe identificó pérdidas de empleo en 20 de las 24 ramas industriales y una secuencia de 19 meses consecutivos sin crecimiento neto en la cantidad de establecimientos.
Otra medición, correspondiente al período comprendido entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo trimestre de 2025, había registrado una caída de 30.748 puestos industriales bonaerenses, equivalente al 5,7%. Esa evolución ya había sido analizada por GRUPOLAPROVINCIA.COM en un informe sobre la crisis de textiles, calzado y autopartes.

Entre los rubros más afectados aparece la fabricación de cuero y calzado, con una reducción del empleo cercana al 38% durante el período relevado. La actividad textil registró una baja aproximada del 20%, mientras que prendas de vestir, minerales no metálicos y productos de caucho y plástico también mostraron retrocesos importantes.
Los cierres y las reducciones de personal se reflejan en distintos puntos de la Provincia. Entre los antecedentes figuran la salida de la autopartista CLAPP de Jeppener, los problemas productivos de Textilana en Mar del Plata, los cierres de establecimientos textiles de Will Der y el cese de operaciones de la fábrica de calzado del Grupo Dass en Coronel Suárez.
El sector empresario atribuye parte de las dificultades a la caída del consumo, los costos productivos y la competencia de artículos importados. La UIPBA también planteó reclamos al gobierno de Axel Kicillof por la carga tributaria provincial, mientras sostiene sus cuestionamientos a la política comercial de Milei.
Emergencia del calzado: el proyecto que sigue en estudio
Una de las iniciativas más importantes de la reunión fue el expediente D-3633/26-27, presentado por el presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, que propone declarar la emergencia económica, productiva y laboral de la industria del calzado en Buenos Aires durante 12 meses, con posibilidad de extenderla por otro año.
El proyecto contempla exenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y del Impuesto Inmobiliario para establecimientos productivos del sector. También establece mecanismos especiales de regularización de deudas tributarias provinciales, con facilidades de pago, reducción de intereses y multas.
Otra disposición busca impedir cortes de servicios públicos durante la emergencia y obliga a las prestadoras a ofrecer planes de regularización de las obligaciones pendientes. Para acceder a los beneficios, las empresas deberán mantener su dotación de trabajadores registrados. Las actividades dedicadas exclusivamente a importar productos terminados no quedarían comprendidas.
La propuesta fue incorporada al temario legislativo en un momento de fuerte retracción para el calzado. Desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), su secretario adjunto, Horacio Jerez, advirtió que el sector perdió cerca de 10.000 puestos de trabajo en el país durante los últimos tres años y que alrededor de cien empresas cerraron sus puertas.
Los datos industriales bonaerenses muestran que el calzado deportivo fue una de las actividades más golpeadas, con una pérdida del 76,1% de sus empleos entre 2023 y 2026. La reducción del consumo interno, los problemas financieros de las fábricas y las importaciones forman parte de los reclamos que empresarios y sindicatos buscan llevar a la discusión parlamentaria.
El proyecto de Tignanelli no obtuvo despacho en la reunión del martes y continuará bajo análisis. Alonso anticipó que la intención es retomar su tratamiento el próximo 20 de octubre, con participación de representantes empresariales y trabajadores del sector, para discutir el alcance de las medidas de asistencia y las condiciones destinadas a preservar los puestos laborales.

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