Intendentes bonaerenses suben la apuesta y llevan el conflicto a Capital Humano: “La Nación aporta cada vez menos”

La disputa por los recursos entre la provincia de Buenos Aires y la Casa Rosada ya se convirtió en una confrontación política abierta. Con una nueva movilización hacia el Ministerio de Capital Humano para el miércoles, el peronismo bonaerense decidió llevar el reclamo por los fondos del Servicio Alimentario Escolar (SAE) al terreno de mayor visibilidad: la calle.

El punto de mayor fricción gira en torno al financiamiento del SAE. Según el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, la deuda de la Nación asciende a $220.000 millones. El funcionario planteó que el aporte nacional, que históricamente tenía un peso significativo, hoy quedó reducido a niveles mínimos.

En ese sentido, advirtió que el compromiso de cubrir el 20% del programa quedó lejos de cumplirse, ya que los giros efectivos apenas superaron el 10%. La diferencia no es menor: impacta directamente en uno de los dispositivos más sensibles de la política social, en un contexto de deterioro del poder adquisitivo y aumento de la demanda alimentaria.

Desde la Provincia aseguran que el esfuerzo propio se incrementó para sostener el esquema. Se anunció una suba del 30% en el SAE, un refuerzo del 25% en prestaciones sociales y la duplicación de la asistencia a municipios. Sin embargo, en La Plata remarcan que ese esfuerzo tiene un límite sin acompañamiento nacional.

El kicillofismo avanza en el interior y ordena la tropa: plenario en la Segunda y señal de poder hacia 2027

La calle como herramienta política

La decisión de movilizar intendentes hacia el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, fue avalada en la última cumbre del Partido Justicialista bonaerense. Allí, bajo la conducción de Kicillof y con participación de figuras como Verónica Magario, se definió profundizar la estrategia de visibilización del conflicto.

El diagnóstico compartido dentro del PJ apunta a un escenario social cada vez más complejo. En el documento partidario se habló de un “desfinanciamiento inédito” acompañado por indicadores preocupantes: caída de ingresos, mayor vulnerabilidad y presión creciente sobre los sistemas de asistencia.

En ese marco, la movilización busca construir una imagen de unidad y trasladar el reclamo institucional al espacio público, una lógica que el peronismo ya utilizó en otros momentos de tensión con gobiernos nacionales.

En la Casa de la Provincia de Buenos Aires mantuve un encuentro con mis pares Alfredo Menem de La Rioja, Gloria Gimenez de Formosa, Diego Álvarez de La Pampa y María Emilia Rossi de Tierra del Fuego en el que compartimos la preocupación por la deserción del Estado nacional y el… pic.twitter.com/B01CidyYHi

— Andrés Larroque (@larroqueandres) April 21, 2026

Intendentes y la amenaza de judicializar la disputa

El conflicto no se limita al plano alimentario. En paralelo, los intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios endurecieron su postura frente al manejo de los fondos vinculados al impuesto a los combustibles.

Los jefes comunales sostienen que el Gobierno nacional estaría reteniendo recursos que, por ley, deben destinarse a infraestructura vial. Según sus cálculos, durante el último año se recaudaron $3,5 billones para ese fin, pero una porción significativa no habría sido transferida a Vialidad Nacional.

De acuerdo con ese planteo, deberían haberse girado alrededor de $2,25 billones, aunque las transferencias habrían sido de apenas $1,2 billones. La diferencia alimenta las sospechas de un desvío hacia instrumentos financieros, lo que derivó en advertencias de posibles denuncias por malversación de fondos contra el ministro de Economía, Luis Caputo.

Reelecciones indefinidas: entre el atajo judicial y el canje por la boleta única

La escalada del reclamo expone una disputa más profunda que la mera discusión por partidas. Lo que está en juego es el modelo de relación entre Nación y provincias en un contexto de ajuste fiscal.

Mientras el gobierno de Milei busca reducir el gasto público y centralizar decisiones, la administración bonaerense intenta sostener estructuras de contención social que dependen, en parte, de financiamiento nacional. Esa tensión encuentra en el SAE un caso testigo, pero se proyecta a otras áreas como obra pública y programas sociales.

En ese marco, comenzaron a emerger también propuestas dentro del propio peronismo para afrontar el escenario. El senador provincial Mario Ishii impulsó una iniciativa para declarar la emergencia alimentaria en la provincia por 18 meses, con el objetivo de garantizar la continuidad de los programas de asistencia. La propuesta incluye la posibilidad de redireccionar recursos y priorizar partidas sociales, incluso a costa de postergar obras de infraestructura.

La movida de Ishii, integrante del bloque oficialista Fuerza Patria y con terminal política en el kirchnerismo, introduce un matiz dentro del oficialismo bonaerense: además de reclamar fondos a la Nación, empieza a instalarse la discusión sobre cómo reorganizar los recursos propios frente a un contexto adverso.

La iniciativa cayó sin aviso previo en La Plata. “No nos consultaron”, deslizaron desde el entorno del gobernador Axel Kicillof, donde además buscaron encuadrar el movimiento como parte de la dinámica interna: “Es un proyecto de La Cámpora”.

El texto del senador plantea declarar la emergencia alimentaria y nutricional en todo el territorio bonaerense, con eje en el fortalecimiento de comedores escolares, el Servicio Alimentario Escolar (SAE), merenderos y programas de asistencia directa. Pero lo que generó ruido en la Gobernación no fue sólo el contenido, sino el enfoque: no hay menciones al presidente Javier Milei ni a los recortes nacionales.