Salarios, IOMA y estabilidad laboral: la lista de reclamos con la que los gremios presionan a Kicillof

La discusión entre el Gobierno de Axel Kicillof y los gremios bonaerenses tiene dos tiempos: el próximo aumento y los compromisos que los sindicatos reclaman cumplir. Además de discutir cuánto cobrarán durante los meses venideros, las organizaciones quieren resolver descuentos, avanzar con la estabilidad del personal y garantizar prestaciones de salud. Esa combinación amplía una agenda que no se limita a la actualización de las escalas salariales. 

Los planteos tampoco recorren un único camino. Mientras las principales organizaciones presentan pedidos de reapertura, en algunas dependencias hay conflictos por bonificaciones específicas. En los organismos de control, una asamblea aprobó una propuesta, aunque quedaron cuestiones pendientes. El escenario reúne, así, reclamos generales y negociaciones sectoriales que no se encuentran en la misma situación.

Transporte bajo presión: subsidios, trenes y discapacidad, los frentes que abre la Provincia con Nación

Del acuerdo del 7% a los pedidos de reapertura

El antecedente salarial para docentes y trabajadores de la Ley 10.430 es el acuerdo anunciado por la Provincia el 8 de julio: un incremento del 7% sobre los haberes de junio, distribuido en un 5% para julio y otro 2% para agosto. La propuesta fue aceptada por la mayoría de las asociaciones gremiales.

Durante septiembre comenzaron a formalizarse los pedidos para continuar la discusión. ATE presentó su solicitud el día 4; la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) hizo lo propio el 7, invocando la revisión prevista en su acuerdo de julio. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) entregó su nota el jueves 10.

El reclamo del FUDB, integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, incorpora asuntos que exceden el bolsillo. Las organizaciones piden garantizar las prestaciones de IOMA, defender el régimen previsional del IPS y abordar las licencias médicas.

La presentación también solicita discutir el impacto de la baja de la natalidad sobre la matrícula escolar, el Régimen Académico y las titularizaciones en Educación Agraria. Otro punto es transformar en acuerdo paritario el Convenio Colectivo de Trabajo. Son demandas sobre la organización de la actividad y las condiciones del empleo, además de la recomposición de ingresos.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la agenda docente reúne salarios, IOMA e IPS. El antecedente de julio ya había incorporado compromisos contra la violencia y el acoso hacia los educadores, junto con la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”.

El comunicado del FUDB difundido el 15 de septiembre formaliza el pedido de negociación, pero no anuncia una medida de fuerza conjunta. Esa distinción evita presentar todas las expresiones de malestar del sector como parte de una misma convocatoria.

Estatales: devolver descuentos y cumplir lo firmado

En Educación, ATE puso el foco en decisiones que afectan directamente la liquidación de los haberes. La organización reclamó la devolución de descuentos aplicados por medidas de fuerza y denunció nuevas quitas durante agosto. La presentación fue dirigida a la Dirección General de Cultura y Educación, encabezada por Flavia Terigi, y al Ministerio de Trabajo, a cargo de Walter Correa.

El sindicato también sostuvo que no se habían liquidado las categorías correspondientes a julio, contempladas en el acuerdo de marzo. A ese planteo sumó la exigencia de abrir el proceso de pase a planta permanente para trabajadores de la planta temporaria mensualizada designados al 31 de diciembre de 2025.

“No aceptamos que los compromisos asumidos en el ámbito paritario queden sin cumplimiento”, señaló ATE en su comunicado del 10 de septiembre. Los incumplimientos y descuentos fueron denunciados por la organización gremial.

El reclamo por descuentos, categorías y pases a planta introduce una diferencia respecto de la discusión por un nuevo porcentaje: parte de lo que exige el sindicato es la ejecución de compromisos anteriores.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por ATE Buenos Aires | Sindicato (@atebuenosaires)

Judiciales: una agenda ante el Ejecutivo y otra ante la Corte

La AJB, conducida por Hugo Russo, pidió retomar la negociación salarial para recuperar poder adquisitivo. El gremio también planteó la cobertura de vacantes, una mesa técnica de carrera judicial y mejoras en las condiciones de trabajo. Según su diagnóstico, la falta de personal genera sobrecarga en distintas dependencias, a lo que se suman problemas edilicios y de seguridad. 

En este sector, los destinatarios de las demandas no se reducen al Gobierno provincial. La departamental Avellaneda-Lanús informó que, a comienzos de septiembre, se reunió con el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Gabriel Torres, para abordar vacantes, recomposición salarial y la implementación de la denominada Subcategoría F. También vinculó el debate sobre la autarquía financiera con una ley marco de negociación colectiva.

Hubo, además, una modificación concreta en las condiciones laborales. Según informó la AJB el 10 de septiembre, la Corte amplió la licencia por motivos particulares hasta cinco días hábiles por año calendario, con percepción del salario y por razones debidamente justificadas ante la autoridad competente. Se trata de una respuesta sobre el régimen de licencias, distinta del pedido de reapertura salarial.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Asociación Judicial Bonaerense (@asociacion_judicial_bonaerense)

Infraestructura: una bonificación y descuentos en discusión

En el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que conduce Gabriel Katopodis, el conflicto tiene un componente sectorial. Trabajadores representados por ATE y la Asociación de Empleados del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (AEMOPBA) reclamaron reabrir la discusión por una bonificación específica. Durante las primeras semanas de septiembre, el planteo incluyó movilizaciones y retenciones de tareas.

En Contaduría General y Tesorería General, la discusión con APOC se relacionó con la adecuación de bonificaciones después de los cambios en el régimen horario acordados en 2023. A comienzos de septiembre, el conflicto había derivado en retenciones de tareas y en el rechazo de una propuesta inicial.

Sin embargo, el comunicado de APOC fechado el 11 de septiembre informó que la asamblea general aprobó una nueva oferta surgida de las conversaciones con el Ministerio de Economía. Para el personal comprendido en regímenes de 40 y 48 horas semanales, contempla una adecuación del 6,25% en ambas bonificaciones desde octubre y otro 6,25% desde diciembre, además de correcciones para determinadas categorías.

Los porcentajes se aplican sobre esas bonificaciones, no sobre la totalidad del salario. El documento también prevé continuar trabajando sobre aspectos pendientes de la adecuación y volver a conversar acerca de la carga horaria. Por eso, el acuerdo representa un avance en esa negociación, sin que el propio sindicato dé por agotada toda su agenda.

Municipales: quién negocia y quién se sienta en el Consejo

Los trabajadores municipales suman otra discusión, aunque con una diferencia central: sus empleadores directos son las intendencias. La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) reclama recomposición salarial, estabilidad y convenios colectivos, y exige a la Provincia intervenir para garantizar el cumplimiento de la Ley 14.656.

El Ministerio de Trabajo informó el 1 de septiembre que había establecido las pautas para convocar, integrar y poner en funcionamiento el Consejo de Empleo Municipal. La cartera explicó que recurrió a la Asesoría General de Gobierno y aprobó una resolución organizativa antes de avanzar hacia una primera reunión.

La controversia pasó también a los criterios de representación. Su secretario general, Hernán Doval, sostuvo que las condiciones fijadas pueden reducir el peso de las federaciones municipales y advirtió sobre una posible presentación judicial.

El organismo tiene carácter consultivo y no vinculante. Su conformación no reemplaza automáticamente las negociaciones salariales de cada distrito ni elimina la autonomía de los municipios. La disputa involucra, por lo tanto, tanto las condiciones del empleo como las reglas del ámbito provincial que debe tratar esos problemas.

Atucha, privatización y pulseada con Milei: la Provincia busca una silla en la venta de Nucleoeléctrica

El argumento fiscal de la Provincia y la exigencia gremial

La posición oficial expuesta al cerrar las paritarias de julio combinó la defensa del esfuerzo salarial con compromisos sobre las condiciones laborales. Para los trabajadores de la Ley 10.430, la Provincia anunció pases a planta permanente de personal ingresado entre 2024 y 2025, cambios en los procesos de selección para cargos jerárquicos y mesas técnicas sobre carrera administrativa y convenios colectivos.

En una conferencia del 13 de julio, el ministro de Economía, Pablo López, había señalado la caída de los ingresos públicos, la actividad y el consumo como dificultades para las cuentas provinciales. Desde esa lectura, defendió el esfuerzo de la gestión para sostener el poder adquisitivo. Ese fue el argumento fiscal presentado al anunciar los incrementos de aquel período.

ATE también atribuyó parte de las dificultades al Gobierno de Javier Milei y al recorte de transferencias nacionales. Pero, en su pedido de reapertura del 4 de septiembre, reclamó que el Ejecutivo bonaerense adopte medidas para sostener y recuperar los salarios. El sindicato señaló, además, que las familias recurren al crédito para afrontar servicios, alquileres y alimentos: el fundamento con el que pidió continuar la negociación durante el último tramo del año.