Ingresos Brutos bonaerenses: crece la presión para reformar o reemplazar el impuesto
Pamela Orellana


La discusión por el futuro de Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires sumó un proyecto que plantea reemplazarlo por un gravamen aplicado a las ventas finales. La iniciativa llegó a la Legislatura bonaerense mientras el gobierno de Axel Kicillof negocia la Ley Impositiva 2027, que conserva las alícuotas actuales, y las entidades industriales reclaman reducciones para recuperar competitividad. El debate involucra a empresas, consumidores y municipios, porque el impuesto constituye una fuente central de financiamiento provincial.
La propuesta fue presentada por el diputado Oscar Liberman, de La Libertad Avanza. Su objetivo es modificar la forma de cobrar el tributo, no eliminar de inmediato los recursos que genera. En paralelo, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, defendió el miércoles 18 de noviembre la continuidad del esquema vigente y prometió un alivio focalizado para las empresas de menor tamaño.
Cómo sería el impuesto que propone La Libertad Avanza
El proyecto crea el Impuesto Provincial al Consumo Final (IPCF), que alcanzaría los bienes y servicios cuando lleguen al comprador final. Las operaciones intermedias destinadas a reventa, producción o transformación quedarían excluidas. A diferencia de este esquema, Ingresos Brutos grava la facturación en distintas etapas de la cadena económica, incluso cuando una empresa no obtiene ganancias.
Liberman sostiene que el sistema actual provoca un efecto cascada: cada etapa incorpora un costo tributario que puede trasladarse a la siguiente hasta llegar al precio de venta. El nuevo régimen buscaría concentrar el cobro en una sola operación y reducir esa acumulación. La iniciativa fija una alícuota general máxima del 6,25%, con tratamientos reducidos para medicamentos, insumos sanitarios y transporte público, además de reintegros para hogares de menores ingresos.
Los fundamentos estiman, sobre datos de 2025, que una tasa del 6,11% permitiría mantener la recaudación provincial. La sustitución se realizaría durante un máximo de cinco años: cada año ingresarían al nuevo esquema actividades que representen al menos el 20% de la recaudación previa de Ingresos Brutos. Una misma operación no debería pagar ambos impuestos simultáneamente.

La propuesta también contempla incorporar el nuevo tributo a la coparticipación municipal y crear un fondo de compensación para los distritos que pierdan recursos durante los primeros tres años. Es un punto sensible para los intendentes, que dependen de las transferencias provinciales para sostener servicios y gastos locales.
Qué responde la Provincia en su Ley Impositiva 2027
El Ejecutivo provincial eligió otro camino. Durante su presentación ante las comisiones de Presupuesto, Girard confirmó que no habrá cambios en las alícuotas de Ingresos Brutos y que los tramos de facturación se actualizarán un 31%. Según ARBA, el ajuste permitirá que 38.000 pymes accedan a una escala menor, evitando que la inflación las traslade automáticamente a categorías más gravosas.
La iniciativa suma un plan de pagos para agentes de recaudación de Ingresos Brutos, con hasta 48 cuotas, bonificaciones de intereses y eliminación de multas y recargos bajo determinadas condiciones. El Gobierno presenta estas medidas como parte de un sistema que busca distribuir la carga según la capacidad contributiva sin comprometer los ingresos que financian las prestaciones provinciales.
Girard advirtió que la caída de la industria, el comercio y la construcción afecta la recaudación y condiciona el próximo ejercicio. Sin embargo, en agosto, durante una reunión con la Unión Industrial Argentina (UIA), había reconocido la necesidad de una reforma tributaria que disminuya distorsiones y fortalezca los impuestos directos. Su posición es que una transformación profunda requiere crecimiento económico y una transición capaz de sostener las cuentas públicas.

La industria propone rebajas y discute quién las financiaría
La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), presidida por Alejandro Gentile, impulsa un plan diferente. Reclama eximir de Ingresos Brutos a las micro y pequeñas industrias con facturación anual de hasta $3.200 millones, reducir gradualmente las alícuotas para firmas medianas y grandes y revisar el tratamiento de cadenas como la automotriz, la metalmecánica y los hidrocarburos.
La entidad presentó un estudio que estima una presión efectiva del impuesto equivalente al 4,7% del valor agregado industrial bonaerense, frente al 3,5% de Córdoba y el 3,6% de Santa Fe. El reclamo fue acompañado por referentes del PRO, entre ellos el diputado Martín Endere. La UIPBA también plantea deducciones por insumos y mayores controles sobre operaciones no declaradas.
Pero su propuesta no implica una reducción uniforme. Para compensar la menor recaudación industrial, contempla reforzar retenciones y percepciones y elevar del 2,5% al 3,5% la alícuota de pequeños comercios que hoy acceden al tratamiento reducido. De aplicarse, parte del alivio manufacturero tendría una contrapartida en otras actividades.
Las demandas sectoriales se extienden a los puertos. La senadora María Cecilia Martínez, de La Libertad Avanza, presentó una iniciativa para reducir un 50% Ingresos Brutos en la actividad portuaria y eliminar el adicional al movimiento de cargas. Por su parte, el senador Diego Valenzuela, del mismo espacio, reclamó a Kicillof una rebaja tributaria más amplia.
Las dudas jurídicas y el impacto posible sobre los precios
El proyecto de Liberman enfrenta, además, un interrogante legal. El artículo 9 de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal restringe la creación de impuestos provinciales análogos a tributos nacionales coparticipados y establece una excepción expresa para Ingresos Brutos. Algunos especialistas sostienen que un gravamen provincial sobre ventas finales podría superponerse con el IVA, lo que abriría la puerta a impugnaciones judiciales.
El tributarista Daniel Ricardo García cuestionó la compatibilidad del esquema, mientras que Pablo Judkovski destacó las ventajas de eliminar la acumulación impositiva, aunque también señaló riesgos de litigios. Tampoco existe coincidencia sobre una eventual baja de precios: dependería de los márgenes empresariales, la competencia y el cumplimiento tributario del comercio minorista.
La Provincia ya aplica tratamientos diferenciales en determinados territorios. Una ley aprobada este mes volvió permanentes beneficios fiscales para Patagones, Villarino, Puan, Tornquist y sectores de Saavedra, con exenciones de Ingresos Brutos y otros impuestos de alcance variable. Se trata de un alivio regional, distinto de una eliminación general.
El debate quedará ligado a la negociación del Presupuesto y la Ley Impositiva 2027. Mientras el Gobierno busca preservar recursos y la oposición impulsa otro modelo de recaudación, la industria reclama alivio inmediato. La discusión de fondo es cómo reducir los costos de producir sin trasladar una mayor carga a los consumidores ni debilitar el financiamiento provincial y municipal.

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