La mecha se acorta: la demora salarial suma tensión entre la Provincia y los gremios

La paritaria bonaerense entra en una zona cada vez más estrecha. Septiembre era el mes fijado para volver a discutir salarios, los principales gremios ya formalizaron sus pedidos de reapertura y el último aumento quedó agotado en agosto. 

El tablero reúne a docentes, trabajadores de la administración pública y judiciales, aunque cada sector llega con demandas propias. Todos comparten la discusión por los ingresos, pero sobre esa base se apilan reclamos por IOMA, IPS, descuentos salariales, pases a planta, carrera laboral, vacantes y condiciones de trabajo. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la agenda ya había dejado de ser exclusivamente salarial antes incluso de que comenzara a correr el reloj de septiembre.

Ahora el problema es también el tiempo. El último entendimiento general acordado por la Provincia estableció un 7% de incremento sobre los salarios de junio, dividido en un 5% para julio y otro 2% para agosto, y dejó prevista la reapertura de las negociaciones durante septiembre. El Gobierno bonaerense confirmó oficialmente ese esquema para docentes y trabajadores comprendidos en la Ley 10.430.

Con ese acuerdo ya consumido y sin otro porcentaje incorporado a la liquidación actual, los gremios empiezan a mirar el próximo recibo y, sobre todo, la forma en que podría instrumentarse cualquier acuerdo posterior.

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Tres pedidos, un mismo mes y una negociación que no arrancó a tiempo

La secuencia sindical comenzó temprano. ATE Buenos Aires presentó formalmente su pedido de reapertura el 4 de septiembre, con el argumento de que debía retomarse la discusión correspondiente al último tramo del año. En su presentación puso el foco no sólo en los precios sino también en el endeudamiento de las familias. Según el sindicato, muchos hogares ya utilizan crédito para afrontar servicios, alquiler y alimentos.

Tres días después, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) hizo lo propio. El gremio recordó que la revisión había sido acordada en julio y reclamó una nueva recomposición destinada a recuperar capacidad de compra. Su último convenio también había establecido un 7% en dos etapas: 5% en julio y 2% en agosto.

Finalmente, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA— presentó el 10 de septiembre su solicitud para retomar la paritaria durante este mismo mes.

El dato más reciente del INDEC agregó contexto a esos planteos: la inflación nacional de agosto fue del 1,7% mensual. Pero los sindicatos plantean que la próxima negociación no debería limitarse a empatar el último IPC.

La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Liliana Olivera, sostuvo: “La situación salarial de los docentes es agobiante” y reclamó una recomposición que vaya más allá de acompañar mensualmente la inflación.

“Ya no se trata solo de correr detrás de la inflación”, advirtió al explicar la posición del sindicato. Es que el planteo docente llega además con una lista extensa de asuntos pendientes: cobertura efectiva de IOMA, defensa del sistema previsional del IPS, licencias médicas, titularizaciones en Educación Agraria, modificaciones vinculadas con el Régimen Académico y el impacto que la caída de la natalidad puede tener sobre la matrícula y los puestos laborales.

El Convenio Colectivo de Trabajo aparece también en la agenda. El FUDB reclama avanzar para convertirlo en un acuerdo paritario y darle un marco formal a derechos y condiciones laborales que exceden la negociación periódica de salarios.

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Los números detrás del reclamo 

El último acuerdo dejó referencias concretas para medir desde dónde parte la nueva discusión. Según los valores difundidos por la FEB, en agosto un maestro de grado con diez años de antigüedad quedó en $1.018.575; un profesor con la misma antigüedad, en $1.380.137; y un maestro de jornada completa con diez años, en $2.037.149.

Son montos correspondientes a cargos y antigüedades específicas, no un salario único para todo el sistema docente. La misma propuesta había fijado para un preceptor con diez años $885.901 y para un maestro con quinta hora y la misma antigüedad $1.268.805.

Entre los estatales, la discusión tiene otra capa. ATE no sólo pidió reabrir la paritaria. También reclamó al Gobierno bonaerense la devolución de descuentos efectuados a trabajadores de Educación por medidas de fuerza y denunció nuevas quitas en agosto.

A eso agregó la falta de liquidación de categorías que, según la organización, habían quedado contempladas en el acuerdo de marzo y la apertura del proceso de pase a planta permanente para trabajadores temporarios mensualizados designados hasta el 31 de diciembre de 2025.

La frase elegida por el sindicato apuntó directamente al cumplimiento de lo ya firmado: “No aceptamos que los compromisos asumidos en el ámbito paritario queden sin cumplimiento”.

Judiciales y profesionales de la salud se sumaron al reclamo

La AJB también llega con una agenda que excede el recibo de sueldo. El sindicato reclama recuperar poder adquisitivo, pero además viene planteando la cobertura de vacantes, una mesa técnica sobre carrera judicial y mejoras en las condiciones de trabajo en las distintas dependencias.

Desde la departamental La Plata, Martín Vizcarra sintetizó el planteo salarial con otra definición: “Tenemos que recuperar el poder adquisitivo”.

La organización vincula parte de sus reclamos con la falta de personal y la sobrecarga laboral, mientras mantiene discusiones que también involucran a la Suprema Corte bonaerense. El último acuerdo incorporó además actualizaciones para distintas categorías del escalafón judicial y dejó expresamente establecida la revisión salarial de septiembre.

En tanto, los profesionales de la salud comprendidos en la Ley 10.471 tienen otra pieza pendiente. CICOP aceptó en julio el mismo esquema general del 7% —5% en julio y 2% en agosto—, con reapertura en septiembre. Pero en su negociación sectorial consiguió además que desde el 1° de octubre comience el proceso de recategorización del salario básico.

Ese cambio es relevante porque afecta la estructura salarial y puede impactar sobre la relación entre categorías y antigüedad. También quedaron previstas mesas relacionadas con concursos cerrados y pases desde la Ley 10.430 a la 10.471, además del ingreso de determinados becarios de contingencia.

El límite fiscal que plantea la Provincia

La administración de Kicillof llega a la negociación con su propio argumento. Cuando cerró el acuerdo de julio, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, defendió la política salarial y sostuvo que la Provincia hacía “un enorme esfuerzo en materia salarial” en un contexto fiscal complejo.

Días después, al anunciar el mismo 7% para las fuerzas de seguridad, López puso el foco en la caída de la recaudación, el consumo y la actividad económica y vinculó esas variables con las restricciones que atraviesan las cuentas bonaerenses.

Ese diagnóstico oficial convive con otro reclamo de los propios sindicatos. ATE, por ejemplo, responsabiliza al Gobierno nacional por el recorte de transferencias a la Provincia y por el deterioro económico, pero al mismo tiempo sostiene que el Ejecutivo bonaerense debe utilizar sus herramientas para proteger los ingresos de sus trabajadores.

Ahí aparece una de las tensiones centrales de la mesa que viene: los gremios reconocen el impacto del ajuste nacional sobre Buenos Aires, pero no aceptan que esa explicación cierre la discusión salarial provincial.

La acumulación de demandas explica por qué esta negociación puede ser más compleja que una simple discusión porcentual. Hay además conflictos puntuales que transitan carriles propios.

En Infraestructura, trabajadores nucleados en ATE y AEMOP vienen reclamando por una bonificación. En Contaduría y Tesorería, APOC alcanzó un acuerdo para adecuar bonificaciones en dos etapas —6,25% desde octubre y otro 6,25% desde diciembre para determinados regímenes horarios—, aunque mantiene otros asuntos pendientes. Esos porcentajes corresponden a bonificaciones específicas y no al salario general de todos los estatales.

Con ese escenario, la próxima convocatoria tendrá que resolver bastante más que un porcentaje. El calendario apremia, septiembre quedó atravesado por pedidos de reapertura y cada sector llega con una lista propia de reclamos que combina ingresos, condiciones laborales y compromisos todavía abiertos.